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El Acuerdo Final ha sido una oportunidad para repensar y construir un nuevo país desde el sentir de las comunidades. Después de cuatro años de este paso histórico ponemos la lupa en las zonas más golpeadas por la violencia y la pobreza. ¿Cómo se teje la paz desde las regiones? ¿Qué se está haciendo para generar confianza en las regiones más vulnerables?
Doris Rivera es una defensora de derechos humanos que se dedica a ayudar a otros líderes y lideresas amenazados:
“mi día a día es ayudar a personas en riesgo. Nosotras las defensoras corremos riesgos todos los días, pero por fin, gracias a este proyecto del Fondo, hemos tenido la oportunidad de un acercamiento con las autoridades. Toda la institucionalidad que nació con el Acuerdo Final es muy importante. Por ejemplo, el “fondo de riesgo” nos ayudó a solucionar un poco la problemática de los amenazados y de los desplazados en nuestros municipios”, relata Doris.
Parte fundamental del proceso de estabilización es brindar seguridad a las comunidades. El gobierno se encarga a gran escala de garantizar la seguridad en el país, y estas acciones deben articularse efectivamente con las necesidades de las comunidades, por lo que el Fondo ha fortalecido esas acciones de articulación de la sociedad civil con la institucionalidad.
Por su lado, las organizaciones de la sociedad civil generan instrumentos innovadores para la autoprotección y las alertas tempranas, se agrupan en redes de organizaciones y diseñan estrategias de comunicación adaptadas al contexto del territorio. Todo ello generado desde las mismas comunidades, lo que garantiza una sostenibilidad a largo plazo de las acciones emprendidas. Así pues, el Fondo ha contribuido a alcanzar objetivos tan importantes como salvar y proteger la vida de los líderes y lideresas sociales.
El Fondo ha invertido $1.5 millones de dólares, durante 15 meses, en 11 iniciativas de organizaciones defensoras que han propiciado la construcción de agendas y planes de incidencia para fortalecer la participación de defensores en el territorio, la interlocución con la institucionalidad y las garantías para la defensa de los DDHH.
Según cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, durante el año 2020, se registraron en Colombia 979 conductas vulneratorias en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, que corresponden a 607 amenazas, 182 homicidios, siete secuestros, 51 atentados, cinco retenciones arbitrarias, 13 desplazamientos, dos desapariciones forzadas, dos imposiciones de normas de conducta y 22 casos de otro tipo de hechos violentos.
El accionar del Fondo ha seguido en marcha en medio de un contexto en que las y los defensores de derechos humanos así como sus organizaciones enfrentan el aumento de las agresiones en su contra y la persistencia de hechos como amenazas, desplazamientos forzados, violencias sexuales, confinamientos, reclutamiento forzado y combates en todo el país, en territorios que se enfrentan con múltiples dificultades para prevenir y responder a las violaciones de derechos de las comunidades, lo que sumado a la coyuntura de la emergencia sanitaria por el COVID-19, genera un escenario de alto riesgo para quienes ejercen el rol de la defensa de los derechos humanos.
“Sandra es una importante líder de mi región que vivía en una situación muy delicada de gran vulnerabilidad, las amenazas ya llegaron a sus siete hijos y se tuvo que desplazar de su casa en Vista Hermosa, Meta. Le hicimos la evaluación de riesgo, con los formatos que aprendimos a manejar y el resultado fue de riesgo extremo y gracias al Fondo de Emergencia la pudimos salvar”. Cuenta Doris.
Sandra pudo salvarse en un momento de gran riesgo justamente porque existía un fondo de emergencia. Estos Fondos de Respuesta a Situaciones de Riesgo, con un enfoque comunitario y de género, procuran organizar y destinar recursos para proteger a los y las defensoras en caso de emergencia. También, han demostrado ser un medio efectivo para facilitar la reubicación o la entrega de recursos para la subsistencia, en caso de haber un cese en las actividades económicas del o la afectada.
Para minimizar estos riesgos de vulneración de los derechos de defensoras y defensores, la estrategia del Fondo fue lanzar una convocatoria para organizaciones de la sociedad civil, llamada “Redes de Defensores y/o Redes de Organizaciones de Derechos Humanos para el Fortalecimiento de la Capacidad de Protección y Autoprotección de las y los Defensores de Derechos Humanos en Colombia”, cuyo objetivo principal es fortalecer organizaciones que impulsan las condiciones para la estabilización de los territorios proporcionando entornos seguros y fortaleciendo la labor articulada de las y los defensores de derechos humanos en los territorios.